Sentada en el sillón de mi despacho y, mientras repasaba las últimas noticias sobre el veredicto del Jurado en el juicio de Isabel Carrasco me ha dado por pensar acerca de la actuación de esas personas anónimas (5 hombres y 4 mujeres) a quienes un día el sistema judicial puso en sus manos la suerte de las tres acusadas para que decidiesen sobre lo que va a ser de sus vidas los próximos 22 años.
En este punto de mi reflexión me acordé de esa excelente película que está en la mente de todos, “Doce hombres sin piedad” de Sidney Lumet, en la que un miembro del jurado, el único que tiene una mínima duda acerca de la inocencia del reo, va convenciendo a los otros once, que van cambiando su forma de pensar, de manera que resulta finalmente un veredicto de inocencia.
La Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 1 de Julio del presente año, introduce importantes modificaciones en el Código Penal vigente, y probablemente una de las modificaciones más destacadas es la referida a la desaparición del Libro III correspondiente a las faltas.
Estos días hemos podido leer en diferentes publicaciones y escuchar en los medios de comunicación que el Gobierno tiene intención de modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el sentido de cambiar el término jurídico “imputado” por el de “investigado”.
Me voy a referir brevemente a la defensa de los delitos relacionados con la corrupción porque a raíz de la detención del Presidente de la Diputación de León y de la última trama de corrupción es un tema que me toca muy de cerca, ya que colaboro habitualmente con el despacho que lo esta llevando.
Se trata de la denominada “delincuencia de cuello blanco o económica”. Esos delitos en los que se utiliza el poder otorgado por un tercero para el interés personal del propio cesionario. La prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias… son delitos que producen una gran repulsa (y con razón) en el ciudadano medio. Ese que se ve en serias dificultades para llegar a fin de mes, mientras la televisión y los periódicos exhiben los desorbitados gastos y la vida alegre de los poderosos a los que se confió la administración del dinero público que, se supone, es el de todos.
El objeto de mi artículo no es sin embargo la corrupción en sí misma, sino los abogados que salen detrás de los supuestos corruptos en las fotografías y en los videos obtenidos en las puertas de los Juzgados, por desgracia con demasiada frecuencia en el momento actual, y la dificultad que entraña el ejercicio de su defensa.
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