Primero fue el parlamento italiano el que a principios de marzo aprobó un proyecto de ley para ampliar el derecho a la legítima defensa, y esta semana Vox, en plena campaña electoral, ha realizado una similar propuesta en España, abriendo un debate que hasta ahora era tabú en nuestro país. Dada la confusión, e incluso temor, que tal propuesta ha generado, presentamos este artículo en el que se analizan los pormenores de la misma para intentar así arrojar algo de luz sobre el asunto.
En la mayor parte de los países los beneficios empresariales están gravados a través de un impuesto distinto del que grava las rentas personales –así, en España existe el Impuesto de Sociedades (IS)–. Sin embargo, los dividendos pagados por las sociedades mercantiles a sus accionistas, así como las ganancias patrimoniales obtenidas al enajenar estos sus acciones, también tributan a nivel personal –en el caso de España, a través del IRPF–, lo cual nos podría llevar a concluir que se trata de una situación de doble imposición económica, es decir, una misma renta sujeta a más de un gravamen, aunque sea en personas distintas.
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