El fin de las tasas judiciales (para personas físicas)
La Ley de tasas de 20 de Noviembre de 2012, que entró en vigor dos días después, ha sido una temeridad que nos colaron a todos los ciudadanos, la mayoría sin ser conscientes de hasta qué punto se estaba limitando su derecho a acceder a la Justicia, consagrado por el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 24 de nuestra Constitución.Para que lo entendamos todos, la tasa ha venido siendo, los dos últimos años, una cantidad a pagar en taquilla simplemente para poder entrar en el Juzgado y que el Juez, que se supone está al servicio de la Justicia y de los ciudadanos, se dignase ponerse a leer tu demanda, ya que, sin la correspondiente tasa, la demanda o el recurso pertinente no se tramitaba. Sin más.
Los Abogados y Procuradores enseguida se pusieron en píe de guerra. En primer lugar, porque enseguida se percataron de la injusticia que suponía, por ejemplo, que un propietario (que a lo mejor sólo tenía el piso, del que estaba pagando una hipoteca al banco), para poder echar del mismo al inquilino que no pagaba su alquiler, por el hecho de tener patrimonio y, por tanto, no tener acceso a la justicia gratuita, se encontraba con la injusticia de tener que pagar una tasa de entrada para poder hacer valer su legítimo derecho a recuperar su piso. O, el preferentista, con “dinero” (entre comillas), aunque entrampado en el banco, que tenía que pagar tasa para intentar recuperar algo que era suyo, o el peatón lesionado y víctima de un accidente de tráfico, que resultaba con lesiones gravísimas y tenía que buscar dinero o encontrar un Bufete que lo financiase, para poder hacer valer sus derechos y exigir responsabilidades al culpable del siniestro.
En segundo lugar, por qué no decirlo, porque los profesionales, nada más salir la Ley nos dimos cuenta de que, a nuestros clientes no les iba a gustar nada que sumásemos a nuestros honorarios y los del Procurador (que, sea dicho de paso, nos vemos negros para adecuarlos a la actual situación de crisis), una cantidad en concepto de no sabemos qué y para no sabemos qué fin, que había que depositar de entrada, para empezar a hablar y que hacía desistir a más de uno de hacer valer lo que por derecho le correspondía. Porque, lo más triste del caso, es que a fecha de hoy, los jugosos ingresos obtenidos con el “tasazo de Gallardón” que ascienden a más de 500 millones de euros, no se saben dónde están, ni para qué han sido empleados, y así lo reconoce sin sonrojo el Ministerio de Justicia.
La ciudadanía no es imbécil (aunque a veces se nos trate como tal) y, tengo la más completa seguridad de que, si con este esfuerzo ímprobo, hubiésemos visto mejoradas las instalaciones de los Juzgados o mayor celeridad en la resolución de los problemas de los ciudadanos, pues todavía podríamos dar por bien empleado nuestro dinero, pero es que los Juzgados cada vez están más saturados, cada vez se tarda más en resolver y los que los visitamos a diario comprobamos con horror como la idea del expediente único y digitalizado, se sustituye por un carrito de supermercado en el que pasean los expedientes por los pasillos por falta de medios y de las bases de datos y equipos informáticos adecuados.
Esta semana, y ante el clamor social encabezado por los Colegios Profesionales, por fin el Gobierno se ha decido a eliminar las tasas judiciales, aunque sólo sea para las personas físicas. Seguramente, todo hay que decirlo, ante la posibilidad inminente de que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucional una Ley que nunca tendría que haber entrado en vigor y, tampoco vamos a ser ingenuos, ante la inminencia de unas elecciones que se presentan inciertas.
En cualquier caso, sea cual sea la razón, la medida es bienvenida, aunque puedo imaginarme perfectamente lo que estarán pensando los ciudadanos que han sufrido en sus exiguos ingresos el pago de este y otros impuestos. Por otra parte, no se nos puede escapar que la misma es insuficiente, y ello porque las personas jurídicas, las pymes y las empresas tienen que seguir pagando el tributo. Y, es evidente, que la empresa que llega a nuestros despachos en busca de ayuda no acostumbra a ser Coca Cola, ni el BBVA, sino que la mayoría de las veces resulta que el cliente es una microempresa (por ej: el dueño de la tasca de abajo), y todos ellos tienen que seguir pagando si quieren litigar.
De todos modos, algo es algo y, en los tiempos que corren, cualquier logro por pequeño que sea es, desde luego, una buena noticia.
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