POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA MODIFICACIÓN DE LA LEY REGULADORA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 que se publica en el BOE de 18 de marzo de 2020, introduce en su Disposición final segunda una sorprendente modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia. En concreto, se modifica el apartado 2 del artículo 6 de dicha que pasa a tener la siguiente redacción: «2. La Comisión estará presidida por el Vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria.»
Por qué zonas pueden circular los monopatines eléctricos
El patinete eléctrico se ha convertido en el transporte de moda en muchas de las ciudades españolas y, por supuesto, en la nuestra. A unos nos recuerdan la infancia, para otros resulta un medio de transporte práctico y asequible. Son rápidos, ecológicos, ocupan poco espacio y su batería se carga como la del móvil. Todo son ventajas.
El problema se plantea, como siempre, cuando hay que compaginar intereses y compartir espacios.
Al día de hoy, los tribunales españoles han dictado numerosas sentencias que condenan al Banco Popular (hoy Santander), básicamente por no haber informado de manera suficiente de los riesgos de productos comercializados por la referida entidad (bonos convertibles, preferentes, acciones…).
Se deja en manos de los juzgados españoles la comprobación en cada caso concreto del carácter abusivo o no de dicha cláusula.
Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la cláusula IRPH, un asunto que afecta a 1,2 millones de afectados que referenciaron sus hipotecas a este índice, dejando en manos de los jueces nacionales la comprobación caso por caso del carácter abusivo o no de la citada clausula y la posibilidad de sustituirlas por otro índice de manera supletoria si se llega a la conclusión de que la misma era abusiva.
Son los que deja el trabajador de percibir mientras se resuelve sobre la procedencia o no de su despido.
Cuando un trabajador es despedido y demanda a la empresa por considerar que su despido es nulo o improcedente, el Juzgado de lo Social no resuelve al día siguiente, sino que entre la demanda y la Sentencia que termina resolviendo la improcedencia o nulidad del despido pueden pasar varios meses.
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Aristóteles
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